Por
Jesús Turiso Sebastián
Las sociedades democráticas actuales, construidas por muchos de aquellos que dejaron su sangre en el empeño, cada vez más están pobladas por individuos que ceden sus derechos de ciudadanos a la peligrosa inercia del laisser faire, laisser paser, sin que haya atisbos cercanos de la reunión en torno a intereses comunes y voluntad general. Lo peor de todo es que, cuando existen intereses y voluntad general, normalmente, como observó Isaiah Berlin, desde los grupos que tiene capacidad de poder y la fuerza para ejercerlo, manipulan en función de sus intereses particulares, esas dos condiciones básicas para la legalización de la democracia. Y, como es sabido, estos intereses particulares generalmente no reflejan ni atienden a las necesidades de la mayoría, menos aún de los más desfavorecidos. La democracia, que diría Rousseau, necesita ciudadanos y no simples burgueses incapaces de concebir otros intereses materiales más allá de los personales. Desgraciadamente, en esto último ha degenerado la democracia: primero soy yo y “el que tenga tos, pues que tosa”. El laberinto democrático, sustentado en un equilibrado balance de derechos y deberes se quiebra cuando los primeros comienzan a dar signos de tener menos pesos que los segundos. Es entonces, cuando los ciudadanos ven cada vez más recortados sus derechos. Así, en la actualidad asistimos a la terrible situación de excepción a la que se está llegando, contraria a los más elementales principios democráticos que, por lo civil o por lo criminal, se está aplicando desde la prepotencia del poder tiránico que ejercen los intereses de una minoría. No sé si sea por la escalada de inseguridad que se está modelando mediante el miedo a través de los discursos y medidas contra la delincuencia organizada y el terrorismo y que, como la peste, se ha extendido por medio mundo, o sea porque, aprovechando este viaje, otros gobiernos se unen a este carro que les sirve de excusa perfecta para controlar más aún a sus ciudadanos. Lo cierto es que, la ecuación "a mayor seguridad, menos libertad" se está imponiendo a rajatabla. De hecho, por ejemplo, en los Estados Unidos sus ciudadanos han preferido lo primero antes que lo segundo.
Y, es que, "el miedo guarda la viña", reza el refrán. Pues bien, el miedo ha sido y es uno de los principales instrumentos disuasorios que, a lo largo de toda la historia, han utilizado los poderosos como medio de contención social. Ello ha supuesto no en pocas ocasiones no solo los abusos del propio Estado, que desprecia los derechos individuales de las personas, sino también de algunos funcionarios del Estado, pagados por los ciudadanos y que a ellos se deben, que sobrepasan sus funciones y se saltan las leyes. La violencia, algo consustancial a la naturaleza humana, se convierte así en un método ideal de represión. Por ello, debemos decir que la violencia es histórica. Pero también lo es la búsqueda de seguridad. Desde todos los ámbitos, social, religioso, político o económico, se ha intentado en todo tiempo manipular esta necesidad para tener domesticada a gran parte de la sociedad y que ésta se pliegue a los intereses de unos pocos. En la actualidad, no es ninguna novedad, el aumento de la violencia está siendo utilizada para justificar la necesidad de medidas más coercitivas, si cabe, contra el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia organizada, etc., pero también contra la sociedad en general. Se está creando una cultura de la sospecha que genera más violencia que, a su vez, justifica la necesidad de un mayor control social y, en no pocos casos, el recurso a la represión indiscriminada. Podemos comprobar, en el día a día, como en nuestras calles se nos vigila con cámaras, se nos controla las comunicaciones o, simplemente, se trafica con nuestros datos personales. Con ello, los derechos individuales tienden a replegarse a las urgencias de seguridad y, por tanto, el ejercicio democrático de derechos y libertades pasa a ser secundario. Está psicosis que se ha generado sirve para que muchos tomen posición y aprovechen la situación para hacer negocios muy lucrativos: es el caso de las empresas de seguridad privada. La sociedad es, de esta manera, la que finalmente paga el tributo de la violencia ejercida por una minoría, ciertamente, peligrosa que pone contra las cuerdas al resto de los ciudadanos. Si uno se dispone a subir a un autobús en México, es muy probable que al abordarlo tenga que pagar este tributo. Cuando sube no sólo le hacen pasar a uno por la perceptiva puerta con detector de metales o le registran unos individuos de seguridad privada sin ninguna autoridad, al menos legal, para manosearle, sino que además graban a todos los pasajeros con una cámara de vídeo, cuyas imágenes nadie saben dónde van a parar ni qué hacen con ellas. Cuando alguien pregunta el motivo de este "operativo" abusivo e ilegal -y, además, es contrario a la Constitución mexicana por que atenta contra la intimidad de las personas- la respuesta es previsible: "es por su seguridad". El colmo del descaro, la impunidad y la burla contra todo derecho a la intimidad lo encontramos en alguna conocida terminal donde, a la entrada a los andenes, podemos leer un cartel que reza: “Sonría, le estamos grabando”. Pero, ¿quién nos protege contra este "altruista" sistema de seguridad que allana nuestra privacidad y degrada nuestra integridad y dignidad como ciudadanos? Esta situación es cada vez más habitual en organismos oficiales, bancos, centros de ocio, etc., nadie le pone límites y, peor aún, muy pocos lo denuncian. Pero no nos engañemos, este, digámoslo con generosidad, exceso de celo no va a evitar que se sigan cometiendo delitos, ni tan siquiera que disminuyan, de la misma forma que el establecimiento de la pena de muerte en muchos estados de Estados Unidos no ha impedido que los asesinatos y delitos continúen dándose, a veces, en mayor número que en otros estados que no contemplan la pena capital. Ahora bien, se descuida la seguridad de lo cotidiano: por ejemplo, que las carreteras o calles estén bien señalizadas y con pavimento en buen estado, mayor protección de los conductores y peatones o que en el espíritu de la policía tuviese más cabida la función de servicio público que el principio sancionador y represivo. Esto interesa, sin duda menos a los poderes públicos, a pesar de que en muchos casos haya más muertos ocasionados por accidentes de tráfico que por violencia social.
Por lo tanto, no sería desatinado creer en lo irremediable de la sentencia de “a mayor seguridad, menor libertad”, con la que comenzábamos. Aunque, personalmente, uno se niega a aceptar este tipo de exactitudes, dado que ambas categorías no sólo no tienen que ser restrictivas la una frente a la otra, sino que pueden ser complementarias. No me cabe duda que hoy día se vive un período muy propicio para plantearnos los límites de la seguridad y los alcances de la libertad. Asistimos inalterables a que, en nombre de la seguridad mundial y de la libertad de los pueblos, casi todo sea válido, incluso matar la paloma de la paz. Por ello, es preciso recobrar cuanto antes la idea de que el fin no se puede juzgar separado de los medios, porque los medios para conseguir este fin, francamente, son abominables. Se ha creado una psicosis colectiva en la que el diferente (entre el que se incluye el que intenta defender sus derechos) es el sospechoso, al que se apalea primero y se pregunta después. El fin último de este plan está claro: tener mejor y más efectivamente vigilada a la población. Los discursos anestésicos desde el poder, amparados en esa orwelliana teoría del Gran Hermano, van haciendo eficazmente su labor de domesticación de la ciudadanía. La libertad ya no es ni siquiera la suprema aspiración del hombre. La seguridad, previamente manipulada, es lo que debe prevalecer por encima de todo. La información se filtra, se sesga y se ofrece en dosis necesarias para los fines perseguidos. La respuesta de la ciudadanía debe limitarse al cruce de brazos, cuando no, al aplauso y al respaldo sin cuestionamiento. Situarse en la otra orilla, la de la crítica y el reclamo, totalmente válida por otra parte, es experimentar la metamorfosis de la subversión y constituirse en un peligro para la “democracia” adocenante. Y, para muestra, valga un botón: hace más de dos décadas se publicó un libro que llevaba por inquietante título La crisis de la democracia, reflejo de las ideas de una serie de liberales humanistas entre los que se encontraba James Carter, ex presidente de EE.UU y Nóbel de la Paz. En él se establece un diagnóstico del porqué se había llegado a este punto de crisis. Para este grupo de liberales bienpensantes, la democracia se encontraba enferma a resultas de que grupos desprotegidos y marginados de la ciudadanía no sólo habían cometido la “osadía” de comenzar a reivindicar sus derechos, sino que además se habían organizado. Este hecho, según ellos, suponía un peligro para la democracia. Esta tesis intencionada y finamente construida responde a un axioma meridiano: cuando los ciudadanos reclaman su libertad de manera efectiva y son plenamente conscientes de sus derechos, su control es mucho más espinoso. Por ello, hay que elaborar estrategias para que esto no suceda, o al menos, se limiten sus efectos. Es aquí donde una falsa idea de seguridad va a servir para deshabilitar los derechos humanos reconocidos por declaraciones políticas y textos constitucionales. Así, el ilustrado contrato social mediante el cual los ciudadanos se unieron en sociedad para preservar su libertad y sus derechos es sistemáticamente violado por el instrumento creado para protegerlos y administrarlos: el Estado. Pero con todo, lo peor no es que el Estado se apropie de derechos fundamentales del ciudadano en aras de garantizar la seguridad, peor es todavía que esta seguridad se haya depositado y mercantilizado en manos privadas. La seguridad privada, como antes el Estado, se arroga facultades que en ningún momento la sociedad le ha concedido pero que, sin embargo, a fuerza de repetir esta apropiación una y otra vez se toma como normal e, incluso, necesaria. Es el caso de los registros arbitrarios que habitualmente se llevan a cabo en numerosos antros, discotecas y demás templos de la modernidad o, más recientemente, en algunas terminales de autobuses. ¿Quién les ha concedido tales facultades? En realidad, uno diría que es la dejadez de los mismos ciudadanos y su sometimiento lo que permite estas prácticas. Bajo el amparo del miedo a la criminalidad, sutilmente manejado, se permite violar inmunemente principios fundamentales recogidos tanto en la Constitución mexicana como en la del Estado de Veracruz y que le corresponden al ciudadano y no a otro. A muchos parece normal ser sometidos a este tipo de abusos, al atropello de su privacidad y la limitación de los derechos ciudadanos por el bien de una falaz “seguridad” mediata mal entendida por el neandertalismo de los guardias de seguridad y sus dueños. Ahora bien, menos común es preocuparse, por ejemplo, por un peligro más real como la ausencia casi total de medidas de protección interna de muchos locales contra desastres naturales e incendios, o del incumplimiento de la reglamentación municipal sobre el servicio de bebidas adulteradas, mucho más presentes de lo que pensamos. Esto que puede parecer baladí así planteado, no lo es cuando de lo que se trata es de respetar y ser conscientes de los valores democráticos. Y, si no, ¿cómo ejercer plenamente la democracia si cada vez tenemos más recortadas nuestras libertades? Esta situación está consiguiendo que paguen, como casi siempre, justos (la mayoría) por pecadores (la minoría), que todos estemos en la mira de la sospecha y que estén cada vez más restringidas las libertades individuales, con lo que el sistema democrático se reduce y se trasforma en un sistema de “libertad” vigilada. ¿Será porque, como diría Cervantes, mientras se amenaza, descansa el amenazador? En qué ha quedado la conocida Declaración de "(…) nosotros consideramos evidentes estas verdades. Que todos los hombres son iguales. Que todos están dotados por el Creador de ciertos Derechos inalienables. Que entre estos derechos está el derecho a la Vida, a la Libertad, a la búsqueda de la Felicidad. (...)". Personalmente creo, como Benjamín Franklin, que quien cambia su libertad por su seguridad no merece libertad ni seguridad.
Y, es que, "el miedo guarda la viña", reza el refrán. Pues bien, el miedo ha sido y es uno de los principales instrumentos disuasorios que, a lo largo de toda la historia, han utilizado los poderosos como medio de contención social. Ello ha supuesto no en pocas ocasiones no solo los abusos del propio Estado, que desprecia los derechos individuales de las personas, sino también de algunos funcionarios del Estado, pagados por los ciudadanos y que a ellos se deben, que sobrepasan sus funciones y se saltan las leyes. La violencia, algo consustancial a la naturaleza humana, se convierte así en un método ideal de represión. Por ello, debemos decir que la violencia es histórica. Pero también lo es la búsqueda de seguridad. Desde todos los ámbitos, social, religioso, político o económico, se ha intentado en todo tiempo manipular esta necesidad para tener domesticada a gran parte de la sociedad y que ésta se pliegue a los intereses de unos pocos. En la actualidad, no es ninguna novedad, el aumento de la violencia está siendo utilizada para justificar la necesidad de medidas más coercitivas, si cabe, contra el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia organizada, etc., pero también contra la sociedad en general. Se está creando una cultura de la sospecha que genera más violencia que, a su vez, justifica la necesidad de un mayor control social y, en no pocos casos, el recurso a la represión indiscriminada. Podemos comprobar, en el día a día, como en nuestras calles se nos vigila con cámaras, se nos controla las comunicaciones o, simplemente, se trafica con nuestros datos personales. Con ello, los derechos individuales tienden a replegarse a las urgencias de seguridad y, por tanto, el ejercicio democrático de derechos y libertades pasa a ser secundario. Está psicosis que se ha generado sirve para que muchos tomen posición y aprovechen la situación para hacer negocios muy lucrativos: es el caso de las empresas de seguridad privada. La sociedad es, de esta manera, la que finalmente paga el tributo de la violencia ejercida por una minoría, ciertamente, peligrosa que pone contra las cuerdas al resto de los ciudadanos. Si uno se dispone a subir a un autobús en México, es muy probable que al abordarlo tenga que pagar este tributo. Cuando sube no sólo le hacen pasar a uno por la perceptiva puerta con detector de metales o le registran unos individuos de seguridad privada sin ninguna autoridad, al menos legal, para manosearle, sino que además graban a todos los pasajeros con una cámara de vídeo, cuyas imágenes nadie saben dónde van a parar ni qué hacen con ellas. Cuando alguien pregunta el motivo de este "operativo" abusivo e ilegal -y, además, es contrario a la Constitución mexicana por que atenta contra la intimidad de las personas- la respuesta es previsible: "es por su seguridad". El colmo del descaro, la impunidad y la burla contra todo derecho a la intimidad lo encontramos en alguna conocida terminal donde, a la entrada a los andenes, podemos leer un cartel que reza: “Sonría, le estamos grabando”. Pero, ¿quién nos protege contra este "altruista" sistema de seguridad que allana nuestra privacidad y degrada nuestra integridad y dignidad como ciudadanos? Esta situación es cada vez más habitual en organismos oficiales, bancos, centros de ocio, etc., nadie le pone límites y, peor aún, muy pocos lo denuncian. Pero no nos engañemos, este, digámoslo con generosidad, exceso de celo no va a evitar que se sigan cometiendo delitos, ni tan siquiera que disminuyan, de la misma forma que el establecimiento de la pena de muerte en muchos estados de Estados Unidos no ha impedido que los asesinatos y delitos continúen dándose, a veces, en mayor número que en otros estados que no contemplan la pena capital. Ahora bien, se descuida la seguridad de lo cotidiano: por ejemplo, que las carreteras o calles estén bien señalizadas y con pavimento en buen estado, mayor protección de los conductores y peatones o que en el espíritu de la policía tuviese más cabida la función de servicio público que el principio sancionador y represivo. Esto interesa, sin duda menos a los poderes públicos, a pesar de que en muchos casos haya más muertos ocasionados por accidentes de tráfico que por violencia social.
Por lo tanto, no sería desatinado creer en lo irremediable de la sentencia de “a mayor seguridad, menor libertad”, con la que comenzábamos. Aunque, personalmente, uno se niega a aceptar este tipo de exactitudes, dado que ambas categorías no sólo no tienen que ser restrictivas la una frente a la otra, sino que pueden ser complementarias. No me cabe duda que hoy día se vive un período muy propicio para plantearnos los límites de la seguridad y los alcances de la libertad. Asistimos inalterables a que, en nombre de la seguridad mundial y de la libertad de los pueblos, casi todo sea válido, incluso matar la paloma de la paz. Por ello, es preciso recobrar cuanto antes la idea de que el fin no se puede juzgar separado de los medios, porque los medios para conseguir este fin, francamente, son abominables. Se ha creado una psicosis colectiva en la que el diferente (entre el que se incluye el que intenta defender sus derechos) es el sospechoso, al que se apalea primero y se pregunta después. El fin último de este plan está claro: tener mejor y más efectivamente vigilada a la población. Los discursos anestésicos desde el poder, amparados en esa orwelliana teoría del Gran Hermano, van haciendo eficazmente su labor de domesticación de la ciudadanía. La libertad ya no es ni siquiera la suprema aspiración del hombre. La seguridad, previamente manipulada, es lo que debe prevalecer por encima de todo. La información se filtra, se sesga y se ofrece en dosis necesarias para los fines perseguidos. La respuesta de la ciudadanía debe limitarse al cruce de brazos, cuando no, al aplauso y al respaldo sin cuestionamiento. Situarse en la otra orilla, la de la crítica y el reclamo, totalmente válida por otra parte, es experimentar la metamorfosis de la subversión y constituirse en un peligro para la “democracia” adocenante. Y, para muestra, valga un botón: hace más de dos décadas se publicó un libro que llevaba por inquietante título La crisis de la democracia, reflejo de las ideas de una serie de liberales humanistas entre los que se encontraba James Carter, ex presidente de EE.UU y Nóbel de la Paz. En él se establece un diagnóstico del porqué se había llegado a este punto de crisis. Para este grupo de liberales bienpensantes, la democracia se encontraba enferma a resultas de que grupos desprotegidos y marginados de la ciudadanía no sólo habían cometido la “osadía” de comenzar a reivindicar sus derechos, sino que además se habían organizado. Este hecho, según ellos, suponía un peligro para la democracia. Esta tesis intencionada y finamente construida responde a un axioma meridiano: cuando los ciudadanos reclaman su libertad de manera efectiva y son plenamente conscientes de sus derechos, su control es mucho más espinoso. Por ello, hay que elaborar estrategias para que esto no suceda, o al menos, se limiten sus efectos. Es aquí donde una falsa idea de seguridad va a servir para deshabilitar los derechos humanos reconocidos por declaraciones políticas y textos constitucionales. Así, el ilustrado contrato social mediante el cual los ciudadanos se unieron en sociedad para preservar su libertad y sus derechos es sistemáticamente violado por el instrumento creado para protegerlos y administrarlos: el Estado. Pero con todo, lo peor no es que el Estado se apropie de derechos fundamentales del ciudadano en aras de garantizar la seguridad, peor es todavía que esta seguridad se haya depositado y mercantilizado en manos privadas. La seguridad privada, como antes el Estado, se arroga facultades que en ningún momento la sociedad le ha concedido pero que, sin embargo, a fuerza de repetir esta apropiación una y otra vez se toma como normal e, incluso, necesaria. Es el caso de los registros arbitrarios que habitualmente se llevan a cabo en numerosos antros, discotecas y demás templos de la modernidad o, más recientemente, en algunas terminales de autobuses. ¿Quién les ha concedido tales facultades? En realidad, uno diría que es la dejadez de los mismos ciudadanos y su sometimiento lo que permite estas prácticas. Bajo el amparo del miedo a la criminalidad, sutilmente manejado, se permite violar inmunemente principios fundamentales recogidos tanto en la Constitución mexicana como en la del Estado de Veracruz y que le corresponden al ciudadano y no a otro. A muchos parece normal ser sometidos a este tipo de abusos, al atropello de su privacidad y la limitación de los derechos ciudadanos por el bien de una falaz “seguridad” mediata mal entendida por el neandertalismo de los guardias de seguridad y sus dueños. Ahora bien, menos común es preocuparse, por ejemplo, por un peligro más real como la ausencia casi total de medidas de protección interna de muchos locales contra desastres naturales e incendios, o del incumplimiento de la reglamentación municipal sobre el servicio de bebidas adulteradas, mucho más presentes de lo que pensamos. Esto que puede parecer baladí así planteado, no lo es cuando de lo que se trata es de respetar y ser conscientes de los valores democráticos. Y, si no, ¿cómo ejercer plenamente la democracia si cada vez tenemos más recortadas nuestras libertades? Esta situación está consiguiendo que paguen, como casi siempre, justos (la mayoría) por pecadores (la minoría), que todos estemos en la mira de la sospecha y que estén cada vez más restringidas las libertades individuales, con lo que el sistema democrático se reduce y se trasforma en un sistema de “libertad” vigilada. ¿Será porque, como diría Cervantes, mientras se amenaza, descansa el amenazador? En qué ha quedado la conocida Declaración de "(…) nosotros consideramos evidentes estas verdades. Que todos los hombres son iguales. Que todos están dotados por el Creador de ciertos Derechos inalienables. Que entre estos derechos está el derecho a la Vida, a la Libertad, a la búsqueda de la Felicidad. (...)". Personalmente creo, como Benjamín Franklin, que quien cambia su libertad por su seguridad no merece libertad ni seguridad.
