Por Jesús Turiso Sebastián
“Los monstruos existen pero son demasiado poco numerosos para ser verdaderamente peligrosos; los que son realmente peligrosos son los hombres comunes”
(Primo Levi)
(Fotografía de El Heraldo)
I. A modo de preámbulo: El maravilloso arte de incendiar la casa y presentarse como bombero
Si nos atenemos a los principios éticos más elementales y a un sentir general que debería articular la convivencia democrática, resulta verdaderamente lacerante –no solo para la conciencia moral, sino para la comprensión misma de la civilización contemporánea–presenciar cómo la pasión por el desorden y la instrumentalización de la quiebra social se han convertido en un cálculo político cotidiano. Europa atraviesa hoy una de esas encrucijadas históricas de larga duración donde la realidad objetiva se empeña en desbaratar las construcciones ideológicas oficiales. Las calles de las grandes urbes se anegan de manifestantes enardecidos, las élites de gobierno multiplican sus proclamas solemnes, los partidos políticos se imputan mutuamente la autoría de todos los males imaginables y el cuerpo social contempla, entre la perplejidad, el estupor y el más amargo hartazgo, un espectáculo que atesora la hondura de la tragedia histórica y la superficialidad de la comedia política. Francia, España e Italia, cada una desde sus singulares trayectorias culturales y trayectos institucionales, nos ofrecen variantes de una misma y angustiosa paradoja: la sima infranqueable que se abre entre los discursos mesiánicos de quienes ostentan la magistratura del poder y las duras condiciones materiales de existencia de aquellos que deben padecer sus consecuencias.
En medio de este convulso paisaje de fragmentación emerge una contradicción de especial gravedad para la historia de las mentalidades. Una determinada izquierda europea, heredera de una tradición que históricamente fundamentó su razón de ser en la defensa de los trabajadores, la juventud y los desposeídos, parece haber trabado una relación harto peligrosa con la desestabilización comunitaria. Cuando las mareas de la protesta popular cercan a un adversario ideológico, esa izquierda descubre súbitamente en el tumulto una manifestación heroica de la soberanía popular y una expresión sublime de la virtud republicana. Sin embargo, cuando esas mismas turbas o el malestar ciudadano amenazan las cotas de su propio poder institucional, recurre de inmediato a la dogmática del orden, apelando a la sacrosanta majestad de las instituciones, la paz social y la responsabilidad cívica. La coherencia, como puede comprobarse a lo largo de la historia de la política moderna, rara vez ha figurado entre los imperativos categóricos de las oligarquías partidistas. Conviene, no obstante, establecer una precisión epistemológica y conceptual elemental, aun cuando en determinados círculos ideológicos esta distinción sea recibida como una afrenta o una provocación: el ejercicio de la manifestación pública no constituye delito, la protesta legítima no es equiparable a la destrucción sistemática y la discrepancia abierta hacia la acción de un gobierno no metamorfosea al ciudadano en un enemigo de la democracia. Las sociedades verdaderamente libres y desarrolladas requieren del conflicto encauzado, de la crítica permanente y de la catarsis pública. Sin estas válvulas de escape, la experiencia democrática degeneraría en una fútil ceremonia burocrática en la cual los ciudadanos depositan mecánicamente su sufragio para, acto seguido, llamarse al silencio y no incomodar el discurrir del Estado.
Ahora bien, una cosa es garantizar el inviolable derecho a la discrepancia y otra, diametralmente opuesta, sublimar cualquier alteración del orden público en una suerte de epopeya revolucionaria de cuño soteriológico. Entre la marcha pacífica del ciudadano agraviado y el saqueo ciego de la propiedad ajena o la quema del mobiliario urbano existe una frontera ontológica que no se disuelve porque el perpetrador enarbole una pancarta repleta de consignas moralmente biempensantes. El mal, como nos recuerda la tradición léxica y filosófica, no es una mera ausencia del bien, sino aquello que degrada activamente las condiciones humanas de la vida en común.
La cuestión fundamental que el analista debe despejar no estriba, por tanto, en dilucidar si Europa debe prestar oído a quienes alzan su voz en las plazas. Es indiscutible que no debe hacer oídos sordos. Sin embargo, la verdadera incógnita estriba en desentrañar qué tipo de fuerzas o convicciones ideológicas han llevado a determinados sectores políticos a cauterizar su conciencia analítica al grado de ser incapaces de deslindar entre el angustioso malestar de una sociedad exhausta y la instrumentalización partidista y demagógica de ese mismo dolor. Y, sobre todo, indagar por qué quienes llevan décadas erigiéndose en los intérpretes monopolísticos de las esencias del “pueblo” fingen un asombro candoroso cuando las necesidades estructurales de ese mismo pueblo continúan dramáticamente irredentas.
El espectáculo colectivo encierra una ironía que sobrepasa cualquier capacidad de comprensión: aquellos mismos líderes que prometieron una transformación radical de la existencia humana han terminado mutando en administradores del desencanto, dedicando sus mejores esfuerzos oratorios a elaborar sofisticadas apologías sobre por qué ha sido imposible cumplir lo prometido. Entretanto, la vida real discurre entre dificultades crecientes, la paciencia histórica de las masas se agota y la responsabilidad del fracaso, como en las dinámicas del chivo expiatorio analizadas por la psicología social, es imputada invariablemente a los demonios del enemigo exterior.
II. Francia, España e Italia: la protesta como espectáculo y el coste de la factura
El escenario francés resulta sobremanera ilustrativo para el estudio de las representaciones colectivas. Pocas naciones en el ámbito occidental han elevado la praxis y el mito de la revolución a una categoría tan determinante de su propia arquitectura identitaria y de su inconsciente colectivo. Desde los acontecimientos de 1789, la calle ha ocupado un lugar sagrado en el imaginario de la República: es concebida como el espacio teofánico donde el pueblo soberano dicta su voluntad, derriba los privilegios de las castas dominantes o exige una rendición de cuentas a los detentadores del poder político.
Sin embargo, el análisis histórico de larga duración nos enseña con meridiana claridad que la mera invocación del lenguaje revolucionario no constituye garantía alguna de eficacia ni de justicia social. Las revoluciones, sumidas frecuentemente en la embriaguez de sus propias consignas, son capaces de demoler las instituciones vigentes sin poseer el menor plano arquitectónico sobre qué edificar sobre sus ruinas. Las movilizaciones de masas pueden canalizar agravios de indiscutible legitimidad sin ser capaces de estructurar soluciones viables o viables en el terreno de la realidad económica. Y, aquellos movimientos surgidos primigeniamente para impugnar las tiranías del Estado, terminan por reproducir, paso por paso, los hábitos despóticos del poder en cuanto descubren los insidiosos placeres de su ejercicio. Como diría Hannah Arendt, pocas ideologías poseen la capacidad de subyugar la razón en la arena de la persuasión como aquellas que convierten la historia en un escenario absoluto de combate moral.
Las actuales fracturas que desgarran la sociedad francesa deben encuadrarse en una trama de causalidades complejas que desbordan el coyunturalismo epidérmico: una lacerante crisis de coste de vida, el inaccesible horizonte de la vivienda para las clases populares, profundas asimetrías territoriales que fosilizan la alienación de las periferias, una incertidumbre existencial que atenaza a las jóvenes generaciones, un distanciamiento abismal respecto de las instituciones representativas y una atomización sociopolítica sin precedentes. Las manifestaciones que periódicamente paralizan el suelo francés no emanan, en consecuencia, de una única matriz conspirativa ni responden al dictado de un mando ideológico uniforme. Reducirlas a la categoría de una maquinación perfectamente orquestada denotaría una ligereza metodológica equivalente a la de exaltar a cada uno de sus participantes como a un héroe inmaculado de la libertad republicana. Es en este preciso resquicio donde debe centrarse el juicio crítico sobre aquellas formaciones que pretenden rentabilizar el incendio social.
Un sector relevante de la izquierda radical en Francia, articulado en torno a la Francia Insumisa y la figura de Jean-Luc Mélenchon, ha convertido la polarización sistemática y la confrontación callejera en el eje vertebrador de su praxis política. La impugnación del orden constitucional, la deslegitimación dialéctica de las élites institucionales y el estado de asamblea permanente proporcionan una identidad militante de indudable potencia emocional. Este mecanismo permite mantener a sus bases en una tensión afectiva ininterrumpida, operando bajo la premisa implícita de que la política no consiste en la ardua arquitectura de resolver los problemas de la polis, sino en impedir a toda costa que el fuego del resentimiento se extinga.
El dispositivo interpretativo opera con una simplicidad pasmosa: si el adversario conservador o liberal ejerce el Gobierno, cualquier fracaso sectorial es esgrimido como la prueba irrefutable de la perversidad intrínseca del sistema. Si el poder ejecutivo pierde el control del orden público, se proclama de inmediato su total incompetencia moral para regir la nación. Si las instituciones republicanas se niegan a someterse a las exigencias de la calle, son tachadas de ilegítimas y autoritarias; si, por el contrario, ceden y ceden presupuesto, tales concesiones son presentadas como victorias épicas de la insurrección popular. Es la construcción de una narrativa cerrada sobre sí misma donde la derrota analítica es imposible, pues se ha monopolizado previamente el código de lectura de los hechos. No obstante, esta estrategia retórica tropieza inevitablemente contra el muro inflexible de la realidad histórica.
Los pueblos pueden aceptar durante un intervalo de tiempo que sus penurias cotidianas sean explicadas mediante abstracciones metafísicas o grandes relatos de emancipación; pero, transcurrido ese paréntesis, el ciudadano común exige saber a qué precio podrá adquirir los bienes de primera necesidad, qué horizontes de empleo digno aguardan a sus hijos, si le es dado transitar por el espacio público con elemental seguridad y si los servicios que financia con sus tributos cumplen su cometido. La estética de la barricada pierde aceleradamente su fascinación cuando el individuo descubre que la épica no le exime de abonar sus deudas ni le procura un sustento diario.
Se produce así la paradoja francesa: la hiperbolización del conflicto por parte de la izquierda radical termina por actuar como el fertilizante más eficaz para el crecimiento de aquellas fuerzas que se postulan como los únicos bastiones de la autoridad y la conservación del Estado. Cuando la violencia intermitente y la sensación de anarquía se adueñan de la vida pública, amplios sectores sociales –desesperados por hallar un marco de certidumbre– terminan por volcarse hacia opciones de orden, incluso a costa de sacrificar otros ideales.
El agudo diagnóstico trazado por Lluís Foix al examinar las convulsiones europeas de este otoño de 2026 apunta certeramente hacia este abismo: la deriva violenta en las calles y la esterilidad del diálogo político no solo fracturan la cohesión social, sino que propulsan las dinámicas más extremistas, arrasando el espacio central donde es posible la deliberación democrática. La izquierda radical puede felicitarse a sí misma en la creencia de estar movilizando a las masas contra la fortaleza del capital; entretanto, el inconsciente colectivo de la sociedad, aterrorizado por la quiebra de la paz cívica, utiliza la herramienta del sufragio para erigir una muralla contra esa misma izquierda.
Por su parte, el caso español ofrece una modalidad singularmente reveladora de esta misma patología ideológica. Aquí, la fisura no solo se manifiesta en la ambigua relación entre la agitación callejera y el mantenimiento del orden institucional, sino en la distancia insondable que separa el lenguaje de la ingeniería social de las vivencias reales del tejido ciudadano.
A lo largo de su historia reciente, la izquierda española ha estructurado su retórica y su legitimidad en torno a la proclamación de la justicia redistributiva, la extensión de la carta de derechos, la salvaguarda de los grupos más desfavorecidas y la denuncia vehemente de las asimetrías económicas. Se trata de metas que en sí mismas encierran una innegable dignidad ética, sin embargo, el colapso conceptual acontece en el momento en que la corrección de las intenciones expresadas sustituye por completo al examen empírico de los resultados obtenidos.
La práctica política en España se ha deslizado hacia una ritualización donde se debate encarnizadamente sobre qué facción detenta la superioridad moral para hablar en nombre de la nación, como si la validez de un Gabinete pudiera ponderarse por el grado de exaltación de sus proclamas en el diario de sesiones. El lenguaje público se satura de invocaciones sagradas a la dignidad, el progreso, la memoria histórica y la convivencia pacífica. Sin embargo, tras esa escenografía verbal, la masa de los jóvenes españoles se halla incapaz de emancipar sus vidas, de acceder a una vivienda digna o de convertir un empleo precario en la base de un proyecto existencial duradero.
El problema de la vivienda se erige en el síntoma más lacerante de este hiato entre la palabra y el hecho. Cuando los costes del arrendamiento alcanzan cifras prohibitivas y la adquisición de un inmueble se transforma en una utopía para la mayoría de las familias, resulta absolutamente insuficiente multiplicar las leyes marco, promulgar decretos grandilocuentes o imputar la catástrofe a la perversidad de los agentes del mercado financiero. La responsabilidad de gobernar exige auditar con ecuanimidad si las normas emanadas del poder público incrementan la oferta real de inmuebles, dinamizan la edificación, otorgan seguridad jurídica a las partes o permiten que los salarios reales de los trabajadores conserven su capacidad adquisitiva.
El recurso a la simplificación causal constituye un atajo ideológico de gravísimas consecuencias. La complejidad del mercado inmobiliario no emana exclusivamente de las directrices del gobierno central. En ella convergen las competencias regionales y municipales, las dinámicas demográficas, las oscilaciones de los tipos de interés, la hiperconcentración urbana y las expectativas de los pequeños y grandes propietarios. El hecho de presentar un fenómeno de esta densidad como el resultado exclusivo de la codicia de una oligarquía enemiga es una manipulación del debate público que nada tiene que ver con el análisis historiográfico o sociológico riguroso.
La izquierda en el poder incurre en este desvío cuando cataloga cualquier enmienda a sus decisiones como una maniobra de las fuerzas reaccionarias y cualifica cualquier protesta social incomoda como una provocación del fascismo o de la extrema derecha. Esta mecánica le procura un insustituible escudo defensivo: le permite eludir la rendición de cuentas sobre la efectividad real de sus medidas y trasladar el litigio al terreno de la superioridad moral, donde siempre resulta infinitamente más sencillo proclamarse portador de la virtud que demostrar la viabilidad técnica de una política pública.
Si la carestía de la vida persiste, el catecismo ideológico prescribe que se requieren leyes más punitivas. Si las leyes promulgadas agravan el problema, se alega que es preciso otorgar más tiempo a la ingeniería estatal. Si el tiempo transcurre sin paliar el sufrimiento ciudadano, se culpa al sabotaje sordo del adversario político o del poder judicial. Y si alguien osa señalar las fisuras de este encadenamiento de excusas, la maquinaria de propaganda procede de inmediato a excomulgar al disidente, tachándolo de insensibilidad social o traición a la causa del pueblo. Es un sistema deductivo hermético, inexpugnable a la prueba de los hechos, pero absolutamente estéril para aliviar la existencia del ciudadano común.
Esta misma deformación se proyecta sobre otros debates capitales de la agenda contemporánea, como la gestión de los flujos migratorios o la sostenibilidad del modelo productivo. Así, vincular de forma simplista la inmigración con el deterioro de las condiciones de vida o con la escasez de vivienda constituye un ejercicio de irresponsabilidad xenófoba. Ahora bien, negar dogmáticamente que un incremento acelerado de la demanda de la población ejerza presión sobre los servicios públicos e infraestructuras de territorios definidos es caer en una ingenuidad paralizante. Una política digna de tal nombre debe fundamentarse en los datos empíricos, como la capacidad real de acogida y la integración respetuosa, huyendo tanto del rechazo visceral como del voluntarismo estéril que confía en que la invocación de la solidaridad abstracta resolverá los dilemas de la gestión material.
La ironía trágica que flota sobre la España de hoy es que una izquierda que hizo de la denuncia de la precariedad su razón de ser puede terminar institucionalizando y administrando esa misma precariedad y que una oratoria volcada en la exaltación de los trabajadores descubra que el crecimiento estadístico del empleo no compensa la pérdida continuada del poder adquisitivo y el encarecimiento de la vida. Quien ostenta la responsabilidad del Estado no puede pretender eternizarse en la posición del tribuno que protesta desde la oposición: está obligado a responder por las consecuencias objetivas de sus actos. Da la impresión, que esto, no sucederá ad calendas graecas.
En contraste, el panorama italiano va a incorporar matices de singular valor para esta genealogía del malestar europeo. La historia política de Italia constituye una compleja trama donde se entrecruzan una secular tradición de combatividad sindical, identidades ideológicas profundamente arraigadas, una inestabilidad gubernamental endémica y una relación enrarecida entre las estructuras del Estado y la sociedad civil. Por ello, las manifestaciones que sacuden periódicamente las arterias de sus ciudades no pueden encajarse en una lectura esquemática que enfrente mecánicamente al bloque progresista con el conservador, porque bajo su superficie laten fracturas regionales ancestrales, desajustes estructurales del mercado de trabajo y una honda desconfianza hacia la clase política. No obstante, las derivas del orden público en la sociedad italiana sacan a la luz una interrogante ética que trasciende las fronteras más allá de los Alpes: ¿sobre qué espaldas recae, en última instancia, el coste material y humano de la violencia urbana?
Cuando una protesta de deriva en el destrozo impune del espacio público, el incendio de automóviles o la devastación de establecimientos comerciales, los daños ocasionados no son absorbidos de manera abstracta por las cúpulas del gran capital o por las estructuras del Estado. Las verdaderas víctimas de estos brotes de rabia desenfrenada son los trabajadores de a pie que ven paralizados sus medios de transporte, los modestos comerciantes que contemplan arruinado el fruto de años de trabajo, los vecinos de barrios golpeados que padecen la degradación de su entorno y el conjunto de los contribuyentes paganos cuyos impuestos deben desviarse para reparar la destrucción infligida.
A este deterioro material se suma una pérdida incalculable en el capital de confianza colectiva. Una comunidad política verdaderamente civilizada requiere que sus miembros puedan ejercitar la discrepancia sin que la seguridad de los inocentes se transforme en una moneda de cambio o en un daño colateral prescindible. La protesta legítima tiene la misión de interpelar al poder y bajo ningún concepto puede arrogarse el derecho de transformar la vida cotidiana de los demás en un escenario de coacción.
Ciertamente, sería un error de análisis de primero de la ESO sostener que la totalidad de las movilizaciones sociales en Europa están impregnadas exclusivamente de criminalidad, o imputar a los que se manifiestan de manera pacífica una responsabilidad penal directa por los desmanes cometidos por minorías violentas. La legitimidad de una marcha pacífica no queda anulada por la infiltración de elementos perturbadores, del mismo modo que una organización no puede atribuirse la representación de todos aquellos que marchan bajo sus banderas. Sin embargo, esta necesaria distinción no debe derivar en una complaciente tibieza moral. Los líderes y partidos políticos están éticamente obligados a condenar la violencia de forma tajante e incondicional, incluso –y de manera muy especial– cuando esta emana de aquellos sectores que comparten su mismo diagnóstico sobre las taras de la sociedad. El hecho de exigir la máxima pulcritud al adversario mientras se concede una indulgencia automática a los extremistas del propio bando es una muestra de hipocresía que liquida cualquier autoridad ética.
El maniqueísmo se revela como la estrategia más rentable a corto plazo: para cualquier reaccionario, cada manifestante lleva un delincuente en potencia agazapado bajo la pancarta; por el contrario, para los demagogos de la izquierda radical, cualquier escaparate hecho añicos constituye una brillante manifestación de la conciencia de clase, y cada contenedor en llamas, poco menos que una contribución al progreso de la humanidad.
Unos quisieran resolver el conflicto a golpe de porra, los otros parecen convencidos de que basta con arrojar un adoquín para abolir las contradicciones del capitalismo. En el fondo, ambas tribus comparten una misma pereza intelectual: prefieren la caricatura al análisis, el espantajo a la explicación y la consigna a la búsqueda de soluciones. Y es que pensar exige esfuerzo, gobernar exige responsabilidad y diseñar una política de Estado obliga a enfrentarse con una realidad bastante menos dócil que los eslóganes de campaña. La fabricación y manufactura de un enemigo, en cambio, está al alcance de cualquier aprendiz de agitador, porque tan solo basta con señalar con el dedo, poner cara de indignación y dejar que la parroquia haga el resto.
III. La industria de la indignación
Las divergencias sociohistóricas entre Francia, España e Italia no deben esconder la presencia de un fenómeno estructural común a toda la civilización occidental contemporánea, a saber: la elevación de la indignación a la categoría de negocio político sumamente lucrativo. Las arquitecturas digitales de comunicación y las redes sociales operan premiando los impactos emocionales inmediatos, la estridencia verbal y el maniqueísmo. En este ecosistema hipertrofiado, los partidos necesitan alimentar la adicción afectiva de sus parroquias para preservar su cuota de pantalla, mientras que los medios de comunicación compiten encarnizadamente por difundir las imágenes más dramáticas del conflicto social. En semejante clima de polarización, el pensamiento matizado es catalogado como una muestra de cobardía analítica y la complejidad es descartada como una molestia inútil. La irracionalidad de la filosofía de estás conmigo o contra mí termina imponiéndose.
Explicar las razones profundas de una crisis económica o los condicionantes geopolíticos de un proceso migratorio requiere paciencia, manejo riguroso de datos, perspectiva histórica y voluntad de contraste, es decir, sentido común. Sin embargo, diseñar una proclama incendiaria contra el adversario exige apenas unos segundos y una fórmula verbal cargada de irritación. El primer camino contribuye al esclarecimiento de la mente ciudadana, el segundo suministra de inmediato un chivo expiatorio, una emoción primaria y una comunidad de creyentes cohesionada por el odio hacia el enemigo común.
No sería riguroso sostener que la izquierda ha inventado esta dinámica perversa ni que detenta su monopolio exclusivo. La extrema derecha, los nacionalismos etnicistas y las corrientes populistas de todo cuño explotan exactamente el mismo yacimiento de resentimiento colectivo para alimentar sus discursos de regeneración patriótica. Sin embargo, la crítica hacia las formaciones de izquierda adquiere un valor de particular exigencia en tanto que sus propias premisas fundacionales “supuestamente” la obligan a mantener una relación intelectualmente honesta con la verdad, con la mejora de las condiciones materiales de la clase trabajadora y con el examen riguroso de las consecuencias de la praxis pública.
Una fuerza que proclama situarse a la vanguardia de los oprimidos tiene la obligación de revisar si sus recetas económicas mejoran o empeoran el nivel de vida real de esos oprimidos. De la misma manera, como movimiento que pretende encarnar las esperanzas de la juventud, debe explicar por qué, tras años de hegemonía cultural o gubernamental, esos jóvenes continúan sumidos en la precariedad existencial.
Por esto, una corriente política que presume de abanderar la justicia social difícilmente puede presentar como una conquista emancipadora la destrucción de aquello que, después, tendrán que pagar precisamente los ciudadanos a quienes dice defender. Con todo, al parecer, para ciertos redentores de la izquierda radical, romper escaparates, incendiar contenedores y paralizar barrios constituye una forma bastante peculiar de redistribución de la riqueza: los destrozos son colectivos, pero la factura siempre acaba llegando a los mismos.
La superioridad moral, sin embargo, tiene una ventaja extraordinaria sobre la competencia política: no necesita presentar balances, acreditar resultados ni someterse al incómodo examen de la realidad. Basta con proclamarse del lado correcto de la historia, adoptar el gesto compungido de quien se considera depositario de todas las virtudes y señalar a algún enemigo convenientemente abyecto.
Una pancarta saturada de consignas edificantes puede, ciertamente, impresionar a los fieles devotos de comunión diaria, pero lo que difícilmente conseguirá es sustituir un programa de gobierno viable. Del mismo modo, invocar la justicia social no convierte automáticamente la incompetencia en virtud y la depredación en política pública aceptable.
El peligro decisivo estriba en que la agitación permanente se transforme en la principal fuente de legitimación del proyecto político. Utilizar las vicisitudes económicas para soliviantar las pasiones de las bases, interpretar la movilización de la calle como una confirmación sagrada de la razón moral del movimiento o el sermoneo de la persistencia de los problemas sociales se convierte en una inagotable oportunidad para volver a denunciar la conspiración de los poderes ocultos. El circuito puede retroalimentarse durante décadas sin que los avances reales de la sociedad guarden la menor proporción con la magnitud de las promesas evacuadas.
La indignación, despojada de su dimensión de protesta ética contra la injusticia, se transforma así en un mero bien de consumo político. Necesita desesperadamente la producción continuada de agravios, enemigos diabólicos y escenarios de confrontación para mantener en tensión a su clientela electorado. En este esquema aberrante, la resolución definitiva de los problemas sociales equivaldría a privar al movimiento de su principal materia prima. No sería justo afirmar que la totalidad de los actores políticos maniobran con esta cínica frialdad, porque existen convicciones sinceras, errores de juicio e impulsos nobles en todos los ámbitos de la vida pública. Sin embargo, las estructuras de incentivos moldean inexorablemente la conducta de las organizaciones: cuando el sistema recompensa la confrontación teatral y penaliza la búsqueda de consensos, la política termina por seleccionar a los demagogos más despiadados a costa de los estadistas lúcidos. Esto es el evangelio de la historia.
IV. La izquierda ante su propio espejo
El objeto de esta reflexión no consiste en imputar a las fuerzas de izquierda la autoría exclusiva de todos los males que afligen al mundo, ya que semejante conclusión incurriría en el mismo reduccionismo simplista que aquí se reprocha. Las taras estructurales de Europa poseen una historia de larga duración, anteceden a los actuales dirigentes, afectan a países regidos por muy diversas sensibilidades políticas y obedecen a mutaciones demográficas, geopolíticas y tecnológicas de alcance global.
La interrogante central, me parece a mí, es de otra naturaleza: ¿posee la izquierda contemporánea –si es que realmente existe– suficiente madurez intelectual, capacidad de autocrítica y entereza moral necesarias para reconocer sus propios extravíos sin percibir el ejercicio de la autocrítica como una capitulación ante el enemigo ideológico? Esta pregunta adquiere una importancia fundamental por cuanto la concepción progresista de la historia ha desempeñado un papel decisivo en la conquista de los derechos laborales, en la construcción del Estado social y en la democratización de las sociedades occidentales. Y, precisamente por el valor de esa herencia histórica, sus representantes actuales deberían estar pertrechados para diferenciar entre la defensa innegociable de los valores humanistas y la protección corporativa de las decisiones de sus vigentes cabecillas.
La honestidad intelectual que toda democracia de raigambre exige nos obliga a reconocer una dolorosa verdad histórica: las más nobles intenciones teóricas pueden naufragar en estrepitosos fracasos prácticos. Además, los dispositivos legislativos concebidos con el paternal propósito de amparar a los sectores más vulnerables albergan a menudo efectos perversos que terminan por desprotegerlos. También las movilizaciones populares nacidas de un agravio legítimo son frecuentemente secuestradas e instrumentalizadas por minorías sectarias orientadas a la desestabilización. Asimismo, un gobierno –incluso aquel revestido de las mejores intenciones y de una fe inmarcesible en su misión– puede equivocarse de la misa a la media en su lectura de la realidad, convirtiendo la gestión del bien común en una fuente añadida de sufrimiento social. Y en última instancia, la honestidad intelectual obliga a reconocer que la discrepancia interna no constituye una deslealtad y que la crítica externa no es una enfermedad moral de adversario, por más que algunos dirigentes prefieran confundir la fidelidad –propia de los genuflexos– con la obediencia y la discrepancia con una imperdonable herejía.
Una izquierda capaz de someter sus dogmas a la prueba de la realidad empírica recuperaría un bien que me parece inestimable: la credibilidad perdida. Por el contrario, una izquierda que responda a cada objeción tildando al crítico de fascista, reaccionario o enemigo del pueblo se convierte en una secta ideológica autoreferencial, más preocupada por vigilar la pureza de su catecismo que por comprender las aspiraciones reales de la sociedad que pretende transformar.
Este mismo imperativo categórico sería aplicable a las fuerzas conservadoras. El mero recurso a la represión de la protesta no constituye una política de Estado, porque la invocación abstracta de la autoridad no garantiza la justicia de las instituciones. Del mismo modo, la denuncia, por legítima y oportuna que sea, de los desmanes de la izquierda no exime a los gobiernos de derecha de responder por sus propias negligencias ni por su sometimiento a determinados intereses de grupo. Al fin y al cabo, como reza el dicho mexicano, todos tenemos cola que nos pisen. De tal manera que, la función crítica pierde su razón de ser en cuanto se transforma en una patente de corso para perdonar las faltas del propio campo ideológico.
El criterio de evaluación de la vida pública debe retornar a parámetros de elemental lucidez, aprendiendo a juzgar a las fuerzas políticas no por la sublimidad de sus discursos, sino por la naturaleza objetiva de sus decisiones, atendiendo asimismo a los movimientos sociales para valorarlos no por la hermosura de sus pancartas, sino por la decencia de sus métodos, y exigiendo en fin a los gobiernos que su labor sea examinada no por sus proclamas de intención, sino por el impacto medible y real de sus actos sobre la vida de los seres humanos.
V. A modo de epílogo: Europa necesita menos teatro y más política
Francia, España e Italia no son realidades homogéneas ni padecen una crisis idéntica en sus manifestaciones concretas, porque sus ordenamientos constitucionales, sus estructuras económicas y su inconsciente colectivo presentan trayectorias diferenciadas. No obstante, los tres escenarios convergen en documentar un mismo y peligroso colapso: el desfondamiento de la capacidad de las instituciones democráticas para dar respuesta a las expectativas vitales de las mayorías sociales.
La salida a esta encrucijada no vendrá de la mano de un autoritarismo estatista que pretenda erradicar el derecho a la protesta, ni de una romantización impulsiva del caos urbano. Una democracia madura e ilustrada requiere manifestaciones verdaderamente libres, instituciones transparentes y eficientes, responsabilidad individual ineludible y dirigentes dotados de inteligencia necesaria para negociar con el adversario sin convertir cada desacuerdo técnico en un enfrentamiento teológico.
A fin de cuentas, cuando se despoja el debate político de sus coartadas ideológicas y de la hojarasca retórica con la que ambos bloques pretenden justificar su hegemonía, el pragmatismo de unos y otros revela una alarmante identidad de métodos y propósitos. Tan infértil resulta la pretensión de la izquierda de redimir a los desfavorecidos mediante dogmas inescrutables que ignoran la cruda realidad material, como la obcecación de la derecha en subsumir toda aspiración de justicia en el frío automatismo de la ley y el orden. En el fondo, ambas tradiciones políticas priorizan la imposición de sus respectivos credos y la perpetuación de sus intereses partidistas por encima de la paciente y silenciosa labor de resolver los problemas concretos que desgarran la vida de los ciudadanos. Se cumple así, con implacable puntualidad histórica, la sabiduría proverbial de las abuelas, recordándonos que, tras tanta mudanza de siglas y barricadas de palabras, nos encontramos siempre ante los mismos perros con distinto collar.
Los desafíos que atenazan al continente europeo son demasiado graves para pretender encauzarlos mediante la repetición de eslóganes vacíos. La crisis del acceso a la vivienda, por ejemplo, exige políticas públicas rigurosas que incrementen la oferta de suelo, ofrezcan seguridad jurídica y abaraten los costes de edificación. La erosión de la clase media requiere, asimismo, una economía productiva capaz de generar empleos de alto valor añadido y salarios dignos. La integración de la población inmigrante exige instituciones sólidas, capacidades de acogida reales y compromisos mutuos de respeto a las normas de convivencia de los países de acogida. Y la paz cívica exige amparar tanto el derecho inalienable a la manifestación pacífica como el derecho insustituible de los ciudadanos a vivir sin padecer la violencia o la intimidación. Ninguno de estos logros es alcanzable a través de la teatralización permanente del conflicto social. Parece fácil dicho así, pero ahí está la madre de todas las batallas del progreso de una sociedad.
La amarga lección de la historia estriba en advertir que aquellos movimientos que prometieron devolver la soberanía al pueblo terminan prisioneros de una lógica destructiva que necesita a ese mismo pueblo sumido en una indignación perpetua para justificar su existencia. Los partidos que anuncian la aparición de una nueva era pueden terminar administrando las mismas miserias que denunciaban con vehemencia desde la tribuna. Y los líderes que se presentaron como los libertadores de la humanidad pueden descubrir que las angustias reales de sus conciudadanos sobrevivirán a sus discursos, a sus campañas de propaganda y a sus fatuas ceremonias de autosatisfacción. Es más que probable que Europa no necesite una nueva oleada de insurrecciones estéticas, de consignas grandilocuentes y de escaparates destrozados en las avenidas. Quizá lo que el viejo continente requiere con urgencia sea algo mucho más sobrio, infinitamente menos espectacular y técnicamente más exigente: representantes que asuman la responsabilidad de sus actos, instituciones que cumplan con su cometido constitucional, políticas públicas evaluadas a la luz de sus resultados empíricos y ciudadanos lúcidos que no confundan la violencia de una protesta con la validez de una solución. Una civilización no mide su grandeza ni demuestra su vitalidad moral por la cantidad de calles que sus turbas logran paralizar o incendiar, sino por su capacidad intelectual y ética para encauzar los conflictos inevitables de la existencia sin destruir las condiciones mismas que hacen posible la convivencia humana.
Y si alguna fuerza política pretende persuadirnos de que la quema de la casa común representa una forma superior de progreso, convendrá exigirle, antes de dar un solo paso, que nos explique con absoluta precisión quién traerá el agua para sofocar las llamas, quién reconstruirá con sus manos lo destruido y quién se hará cargo, en última instancia, de abonar la factura del desmadre.
La historia de Europa nos ofrece un catálogo escalofriante de las tragedias que acontecen cuando la pasión ideológica confunde la aniquilación del adversario con la edificación del futuro. No necesitamos repetir esas amargas lecciones para comprender que el humo de los incendios puede ocultar durante un breve espacio de tiempo la invalidez de las ideas, pero jamás poseerá la virtud de sustituirlas. Al final de la noche, las llamas logran iluminar la oscuridad con un fulgor efímero, pero lo que no hacen, por desgracia, es edificar un hogar donde los hombres puedan habitar en paz.
Referencias
Arendt, H. (1998). Los orígenes del totalitarismo. Barcelona: Taurus.
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Foix, L. (2026). Notas sobre la quiebra del consenso europeo. Madrid: Manuscrito.
Levi, P. (1989). Los hundidos y los salvados. Barcelona: Muchnik Editores.
Ortega y Gasset, J. (1983). La rebelión de las masas. Madrid: Alianza Editorial.
Renan, E. (1987). ¿Qué es una nación?. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
Todorov, T. (2002). Memoria del mal, tentación del bien: indagaciones sobre el siglo XX. Barcelona: Península.
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